Respuesta crítica de los sindicatos abertzales.
      Información publicada en GARA el 1 de noviembre de 2001.


      ELA destaca que la operación «impone una legalidad que cierra la vía a las aspiraciones de amplios sectores»

      GARA | BILBO

      Los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS se mostraron muy críticos con la operación que el juez Baltasar Garzón desarrolló ayer contra Gestoras pro-Amnistía, al considerar que supone un obstáculo para la superación del conflicto.

      Así, Germán Kortabarria, responsable de Comunicación de ELA, señaló que este sindicato «no se fía ni un pelo ni de las actuaciones del juez Baltasar Garzón ni, en general, de las de la Audiencia Nacional» y destacó que la operación de ayer «no puede separarse de declaraciones políticas empeñadas en imponer una legalidad que se obstina en cerrar cualquier vía de realización a las aspiraciones de amplísimos sectores de este pueblo».

      En declaraciones a Europa Press, Kortabarria indicó que «es notorio que Garzón no actúa precisamente con un rigor jurídico. Al contrario, sus actuaciones suelen ofrecer muy pocas garantías para las personas que son víctimas de estas actuaciones y también para las entidades implicadas o afectadas por esas actuaciones».

      «Lo que está ocurriendo, este nuevo paso en la escalada represiva, es una actuación coherente con un Estado que está reforzando su carácter represor», añadió.

      LAB, por su parte, calificó la redada de «sumario de laboratorio elaborado para perseguir y criminalizar a personas y colectivos próximos a la izquierda abertzale».

      Junto a ello, LAB destacó que «este operativo encaja perfectamente en la estrategia que impulsan los aparatos del Estado y constituye el complemento necesario para dar cobertura judicial a la persecución sistemática a la que se quiere condenar al independentismo vasco».

      «Acontecimiento previsible»

      Asimismo, calificó la redada de «acontecimiento previsible, teniendo en cuenta la campaña permanente que desde estamentos políticos y mediáticos españoles se viene impulsando para deslegitimar, perseguir, criminalizar y marginar la lucha por la soberanía y los derechos de Euskal Herria», al tiempo que subrayó que «no es casualidad que en este momento se persiga a un colectivo que tiene en la defensa de los represaliados políticos vascos y en la denuncia de la vulneración de los derechos fundamentales que preside la actuación de los estados español y francés su bandera y su razón de ser».

      Por ello, LAB destacó que la superación del conflicto vendrá a través del diálogo y la aceptación de los derechos que le corresponden a Euskal Herria.

      STEE-EILAS, por su parte, subrayó que «nos encontramos ante otro hecho preocupante que no ayuda a la resolución del conflicto vasco».


      Dossier home